FEBRERO 2013: LEY DE REFORMA MAGISTERIAL Y SUS ACTORES

La aprobación de Ley Nº 29944 de Reforma Magisterial (25-11-2012) está generando movimientos dispares en la cancha educativa. Los diversos actores mueven sus fichas, según sus propias percepciones e intereses.

DOCENTES DE BASE



A nivel de docentes de base, un estimado del 10% de ellos comienza a buscar o profundizar algunos estudios que les permita tener “cartones” derivados de cursos, maestrías y similares para prepararse según los requerimientos de la nueva Ley. Al escribir esta nota, algunos docentes afirman que ya recibieron algo de aumento en este mes de enero; la mayoría señala que nada han recibido. Cabe notar que los docentes de base y aún las dirigencias sindicales reclaman sobre un “no-pago” que se deriva de una Ley que algunos rechazan.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MED)

Desde el Ministerio de Educación (MED), se ha puesto en marcha una “Ruta de implementación (general)” de la nueva Ley donde se detallan los procesos que -de enero a diciembre 2013- se deben seguir para tener éxito en su aplicación. De acuerdo a esta Ruta y a otros dispositivos -en estos meses de enero y febrero 2013- desde el Gobierno, deberían cumplirse tareas como: (a) Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 29944, con breve y formal tiempo de pre publicación; (b) Concretizar las modificaciones remunerativas, con nueva RIM aprobada; (c) Culminar la contratación docente, en el marco de la nueva ley; (d) Continuar pagando por años de servicio, derecho que no se estaba cumpliendo; (e) Cancelar el Bono por escolaridad de 400 nuevos soles; (f) Difusión mediática sobre las bondades de la Ley Nº 29944; (g) Anuncio de incentivo a docentes por creatividad; (g) Campaña sobre Buen inicio del Año Escolar 2013; y (h) Publicar el Proyecto de Ley de Carrera Pública de Profesores de institutos y escuelas de educación superior. Al momento de publicar esta nota, muchas de estas tareas se cumplían con retraso.

SINDICATO MAGISTERIAL

Desde los gremios magisteriales, hay división. Es verdad que el movimiento huelguístico magisterial del 2012 tuvo un 77% de acatamiento del total de la población docente del país; pero esto se alcanzó en momentos y con direcciones sindicales diferentes. Frente a la Ley Nº 29944, en el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) hay cuatro tendencias que no pueden obviarse, con posiciones diversas: (a) El reconocido CEN-SUTEP está priorizando la lucha legal, planteando la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley y el impulso en la presentación de recursos de amparo. El año pasado, bajo la dirección del CEN, acataron la X Huelga Nacional del SUTEP, no menos del 53% del magisterio nacional; (b) El CONARE -dirigido por el profesor Condori- prioriza la “lucha directa” y prepara la huelga magisterial 2013, aunque también postula la inconstitucionalidad del conjunto de la Ley; (c) El CONARE –dirigido por los profesores Huaynalaya-Pantoja- prepara la huelga, aunque el año pasado sólo fue seguido por no más del 2.9% del magisterio nacional; y (d) Los Independientes (Sutes regionales) coinciden con las medidas del CEN-SUTEP y del CONARE-Condori; sin embargo, por igual toman distancia orgánica y política de los Conares y de la dirigencia oficial del SUTEP.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

En el Congreso de la República –de 130 miembros- solamente 78 estuvieron cuando se aprobó la Ley Nº 29944. De los presentes: 51 votaron a favor, 13 en contra y 14 se abstuvieron. Siendo así, difícilmente podrá prosperar alguna iniciativa de derogatoria o modificatoria de la citada Ley (espacio del Congreso). La inconstitucionalidad parcial o total tiene mayor viabilidad en el campo del Tribunal Constitucional. Por eso –de manera inteligente y realista- las diversas tendencias del SUTEP han coincidido en este camino.

SOCIEDAD CIVIL

En el campo de la Sociedad Civil, diversas instituciones especializadas (como ONGs) han callado con una tácita aceptación de la nueva ley. De manera explícita, importa destacar el entusiasmo cómo la CONFIEP pidió al Congreso de la República que aprobase la Ley que estamos comentando; así como la conciliadora posición del Foro Educativo que propugna un “Acuerdo Nacional por el Maestro Peruano”.

OPINIONES PERSONALES

En términos de personas y de especialistas, hay que tomar nota que los periodistas, consultores y autoridades del MED -que estuvieron detrás de la Ley Nº 29062 de Carrera Pública Magisterial impuesta por el Gobierno aprista- inicialmente se opusieron al Proyecto de Ley de Reforma Magisterial. Sin embargo, posteriormente han pasado a ser sus defensores, al darse cuenta que las coincidencias eran de no menos del 80% en su articulado y del 100% en los ejes centrales e intencionalidad de ambas normas.



Personalmente, creo que -de alguna manera- la Ley ollantista de Reforma Magisterial es un aceleramiento de la continuidad de la Ley aprista de Carrera Magisterial, con algunas interesantes modificaciones en el campo remunerativo. Y esto me lleva a dudar de las bondades de las dos leyes. Por espacio, solamente señalo dos cuestiones de fondo:

• Viendo las tendencias del crecimiento de docentes en el sector público y privado, constato que los docentes del sector público son cada vez menos (en Lima solamente llegan al 43%). Y ya dentro del sector público, los docentes nombrados son cada vez menos y con desregularización de su trabajo. No por casualidad, este año (2013) no habrá nuevos nombramientos docentes y en los años siguientes sólo habrán nombrados con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas Según esta tendencia quienes estén en Carrera Pública Magisterial (nombrados y con estabilidad laboral relativa) serán cada vez menos, hasta su posible extinción.

• La nueva Ley ha desaprovechado la oportunidad para postular el trabajo magisterial a tiempo completo (40 horas cronológicas), como una medida de veras estratégica para pensar en una educación con cobertura total y sostenida y con un máximo de calidad-pertinencia-equidad. Una medida como esta (prevista en el Proyecto Educativo Nacional) nos llevaría a tener docentes BIEN REMUNERADOS con óptimas condiciones de trabajo y que laboran unas 30 horas con los estudiantes y 10 horas para: preparar sus clases, hacer labores de evaluación, de elaboración de materiales, de tutoría, de trabajo con la comunidad, de investigación, etc. Allí sí podríamos exigir al maestro de la escuela pública, para que ésta no languidezca. Obviamente, esto derivaría en debilitar el crecimiento del sector privado de la educación, en términos de cantidad y calidad ¡Estaríamos soñando con una educación pública como derecho!