domingo, 27 de octubre de 2013

REMUNERACIONES DOCENTES: ALGO SE HA MEJORADO

Hemos señalado puntos críticos de la Educación Peruana, al hacer un balance de la misma durante la actual gestión del Comandante Ollanta Humala. Nuestros informes anteriores han señalado los aspectos negativos en las políticas del Ministerio de Educación (MED) y del conjunto del Gobierno, principalmente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde donde se deciden muchas políticas educativas. Sin embargo, debemos reconocer que hay muestras de mejora en las remuneraciones docentes durante los dos últimos años, sin que esto signifique que hay una real y profunda transformación en políticas de desarrollo magisterial.
¿REFORMA MAGISTERIAL?
Recordemos que el borrador de la actual Ley Nº 29994 de Reforma Magisterial salió de las oficinas del MED, como una propuesta de “Ley de Desarrollo Docente”. La categoría “desarrollo docente” evidentemente va más allá de cambios en lo remunerativo. El borrador de Ley de Desarrollo Docente, en Palacio de Gobierno y en el Congreso, le cambiaron de nombre como “Ley de Reforma Magisterial” (LRM). Es decir, se le dio una connotación más allá del “desarrollo docente” y el Presidente Humala casi  la asume como sinónimo de “reforma educativa”.
Asumir los cambios en políticas magisteriales, como parte de las transformaciones en la educación y en la sociedad, nos parece saludable. La cuestión está en precisar este nexo. Por ejemplo, si asumiésemos que el país debe enrumbarse hacia un proceso acelerado de industrialización, la educación en su conjunto debería reorientarse para aportar en la concreción de  este propósito. Y obviamente, los docentes deberían tener una formación inicial y en servicio acorde con esa opción estratégica de nuestra Patria. Si asumiésemos que importa la afirmación cultural transformadora de nuestros Pueblos, la interculturalidad crítica debería reflejarse en la práctica de todos los docentes de la ciudad y del campo.
Cuando no hay “reforma” en los propósitos educativos, tampoco puede existir una real “reforma magisterial”. Se aumentarán salarios, se buscará que los docentes sean más eficientes en sus rutas de promover aprendizajes, pero simplemente habrá mejoras focalizadas, sin transformaciones de fondo.
A partir de lo que acabamos de señalar, no se nos debe entender que estamos en contra de la mejora de haberes docentes en marcha, o del positivo concurso de directores o de los planes para el magisterio que se exponen en el elegante folleto “Perú Maestro”. Todos estos cambios significativos cobrarían mayor sentido, si fueran parte de una gran transformación. Toda “reforma magisterial” no puede justificarse per se, sino como parte de cambios más profundos en la educación nacional y en conjunto social.
RELATIVAS MEJORAS REMUNERATIVAS  
De acuerdo a nuestra base de datos -antes de promulgarse la aprista Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM) en julio del 2007- el promedio de Remuneración Líquida de los docentes peruanos llegaba a los 1087.29 nuevos soles corrientes. Conforme se fue implementando esta LCPM, un sector del magisterio fue favorablemente tomando distancia del citado monto promedio.
Del 2008 al 2011, se fueron formando tres grupos docentes diferenciados en sus remuneraciones:
(a)    Grupo que se quedó en la Ley del Profesorado. Era la mayoría del magisterio con una remuneración líquida de cerca 1,100 nuevos soles.
(b)    Grupo de contratados. Eran un 18% del magisterio nacional (unos 55 a 60 mil) contratados cuyas remuneraciones se congelaron (hasta ahora) en alrededor de 1 mil nuevos soles, por debajo de la media nacional; y
(c)    Grupo de la LCPM (unos 55490). Representaban un 17% del magisterio nacional, con remuneraciones por encima de la media remunerativa de los docentes del país.
La Ley de Reforma Magisterial unificó a dos grupos: A quienes estaban en la Ley del Profesorado y a quienes estaban en la LCPM. Al realizarse esta unificación, se generó una mejora relativa en quienes estaban en ambos grupos. Sin embargo, los docentes contratados siguieron sin alteración salarial.
Como podemos ver en el Cuadro Nº 1, los docentes provenientes de la Ley del Profesorado y de la LCPM tuvieron mejoras interesantes, principalmente los primeros. Las Escalas V, VI, VII y VIII duplican, triplican y/o hasta cuatriplican el promedio remunerativo de 1,087.29 que se tenía. Pero, todavía no hay ningún docente en la VII, ni en VIII Escala Magisterial. Y en la V y VI Escala tenemos un número reducidísimo de docentes que significan el 2.94% de quienes ya están en la LRM y apenas el 1.48% del total de docentes que laboran en el Sector Público del país. Por ejemplo, a octubre del 2013, tienen una interesante Remuneración Bruta de 4,146.4 nuevos soles, unos 370 maestros de un total de 328,930 (0.04%).




Importa destacar el caso de los docentes contratados. Como hemos visto en nuestra entrega anterior –dentro de una estrategia de desregulación de la fuerza de trabajo- los docentes contratados tienden a crecer en términos absolutos y relativos (para el 2013, hemos estimado que representan el 23.6% del magisterio nacional). Pues bien, mientras crece el número de contratados su salario está congelado y ellos tienen poca capacidad de reclamo. La casi totalidad de dirigentes del SUTEP pertenecen ahora a la LRM y han tenido mayores ingresos con esta Ley. Los maestros/as contratados de 24 horas tienen una Remuneración Bruta de 956.8 nuevos soles; y quienes laboran con 30 horas, su Remuneración Bruta sube a 1,196 nuevos soles. Ver Cuadro Nº 2.
Mirando en su conjunto la situación magisterial, podemos afirmar que la Remuneración Líquida del promedio de  docentes es ahora de 1,337.8 nuevos soles. Si antes el promedio era de 1087.29 nuevos soles corrientes, podemos afirmar que –hasta ahora- se ha dado un real incremento salarial de 250.51 nuevos soles en el promedio del magisterio nacional. Se ha dado un positivo incremento equivalente al 23.04% en las remuneraciones (líquidas) de los docentes peruanos/as.
Las mejoras salariales antes mencionadas pueden modificarse positivamente en los próximos meses, si se concretizan tres medidas ya previstas por el MED: (a) Otorgamiento de interesantes bonificaciones a quienes ganen el concurso de directores en proceso de ejecución; (b) Reajuste de haberes, a quienes ganen en el concurso de ascensos; y (c) Concreción de algunas asignaciones y estímulos desde 01 de enero 2014 (X Disposición complementaria de la LRM). Hablamos en condicional, toda vez que el MEF viene demostrando que es el gran decisor en la concreción de las políticas sectoriales.
El pauperizado magisterio peruano ha sentido el impacto de la puesta en marcha de la LRM. En lo concreto, ha percibido que su capacidad de gasto ha mejorado en cerca del 25% y esto le ha hecho olvidar varios componentes discutibles de la LRM.
Dentro del marco de la “neocolonialidad del poder”, los docentes también han sido ganados por el consumismo. Por ello, el anterior incremento ha sido muro de contención a las luchas magisteriales en el 2013 (con otras determinaciones, como la división gremial). Ninguna de las tendencias ha podido oponerse a la necesidad de ganar más que tienen los docentes. Justamente para lograr este propósito, eligen a los dirigentes sindicales, sin considerar su nivel de profesionalismo, ni opciones políticas. El maestro de base (ganado por el consumismo) apoya a quien le ayuda a lograr sus intereses economicistas.
Sin embargo, podría repetirse el fenómeno sucedido durante el Gobierno del Dr. Alejandro Toledo. Entonces, hubo mejoras sustantivas en las remuneraciones docentes; pero -al darse de manera aislada- los docentes realizaron una de las huelgas más importantes en el 2003. A partir de nuestros estudios de campo, este movimiento se explicaba en que los maestros ya no luchan porque se están pauperizando. Lo hacen “para ganar  más y consumir más”.

Desde este análisis, no bastan cambios remunerativos en el magisterio peruano. Esta importante condición (mejorar sus salarios) debe ser parte de políticas de transformación profesional, social, ideológica, política y de organización gremial de los docentes en el Perú.

sábado, 19 de octubre de 2013

Balance educación: DESREGULACIÓN DE LA FUERZA DEL TRABAJO DOCENTE



Haciendo un balance de la actual gestión educativa, debemos señalar que se está gestando un sistema que –en el mediano plazo- pondría en cuestión la vigencia de  la carrera pública magisterial, que supone docentes nombrados. Las políticas magisteriales del último decenio apuntan al crecimiento de los docentes contratados y a la disminución del magisterio nombrado. Con el Gobierno de Ollanta Humala, crece esta tendencia de desregulación de la fuerza de trabajo docente.

DOS CAMINOS

Las cifras oficiales reconocen que, para el año 2012, teníamos unos 324,461 docentes laborando en el Sector Público. En este mismo Sector, estimamos que  el número de docentes serían unos 328,930 en el presente año (2013), subiendo a los  333,133 en el 2014 y a los 337,118 en el 2015. Ver Cuadro N° 1. Este crecimiento (que en cifras relativas se desacelera) es importante para mejorar la concreción del derecho a la educación en nuestra Patria; pero hay que precisar las condiciones laborales que afrontan los maestros/as.
Uno de los rasgos importantes del modelo neoliberal es la desregulación de la fuerza de trabajo. La pérdida absoluta o relativa de la estabilidad laboral se ven como “normales” en este modelo. La supresión de algunos derechos de los  trabajadores como que se han “normalizado” y justificados con un genérico argumento de la “meritocracia”.
En abstracto -para llegar a la radical meta de ya no tener “trabajadores nombrados”- se presentan dos caminos:
·         Buscar que los nombrados  se retiren; y
·         Disminuir, desaparecer y/o relativizar los nombramientos.

 
Durante el Gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori se combinaron los dos caminos, en los Sectores Público y Privado. Para ello se usaron procedimientos como el provocar el retiro del personal nombrado dándoles incentivos o aplicando medidas coercitivas; pero también se impulsó la terciarización de los servicios y la relativización de la estabilidad laboral.
En los Gobiernos de Fujimori y García, dentro del Ministerio de Educación (MED), los procedimientos que primaron fueron: el incentivo para el retiro de los trabajadores también docentes (Gobierno de Fujimori) y la terciarización de los servicios, principalmente a nivel de Sede Central (aumentaron las consultorías durante los Gobiernos de Fujimori y García). Los nombrados en la Sede central del MED casi han desaparecido.


NUEVA LEGISLACIÓN MAGISTERIAL

En la década del 90, los maestros de base –durante el Gobierno del dictador Fujimori- en relación a políticas de Nombramiento/Contratación no sufrieron mayores cambios estructurales, más allá de los incentivos que se ofrecieron para el retiro de algunos. Ya durante la década del 2000, podemos encontrar tres momentos muy definidos, establecidos por la aplicación de una nueva legislación magisterial:

a)    2000-2007. Estaba en vigencia (única) la Ley N° 24029 del Profesorado.-  Objetivamente, en este período (Gobierno del Dr. Alejandro Toledo), el número de docentes contratados subió del 6.6% (2000) al 17.7% (2007). En términos relativos, casi se triplicaron los contratados. (Los datos específicos de este momento y de los otros dos pueden verse en el Cuadro N° 1).

b)    2008-2011. Es momento en que el Gobierno del APRA impuso la Ley N° 29062 de Carrera Pública Magisterial, en coexistencia parcial con la Ley del Profesorado. El nuevo dispositivo formalmente relativizó la estabilidad laboral de los docentes, para quienes saliesen mal por tres veces en la “evaluación de desempeños”.  

En realidad, el Gobierno Aprista no ejecutó ninguna “evaluación de desempeños”, a pesar que en enero del 2011 debería haberse realizado una para quienes estaban nombrados en la Ley del Profesorado y en junio-julio 2011 debería haberse realizado otra, al primer grupo que ingresó a la nueva LCPM (en marzo del 2008 se dio el primer examen de ingreso a esta Ley). Evidentemente, esta evaluación (“punitiva” como se le llamó por entonces) no se realizó por el contexto preelectoral del primer semestre del 2011.

El Gobierno aprista, entonces, no retiró a ningún maestro/a por la vía de la evaluación de desempeños. Por el contrario, permitió el nombramiento de unos 30,524 nuevos profesores en los años 2008-2011. Ellos venían de una situación de desocupados o de contratados. Para el Gobierno aprista, estos nombramientos se hicieron dentro del nuevo marco legal de estabilidad laboral relativa y con una clara estrategia de tener cifras “demostrando” que el magisterio aceptaba su impuesta LCPM.

El Gobierno aprista, encontró a un 8.5% de docentes contratados (2006), pero -fiel a su tradición del primer Gobierno- infló la contratación de docentes  al inicio y término de su segundo Gobierno, al 17.7% (2007) y al 18.4% (2011.).

c)    Después del 2012.  En términos de la situación de docentes nombrados/contratados -durante el actual Gobierno de Ollanta Humala- la situación tiende a ser negativa para el magisterio peruano. Explicitemos mejor lo que acabamos de decir. 


 
TENDENCIAS ACTUALES

 Al promulgar la Ley N° 29944 de Reforma Magisterial, el actual Gobierno unificó la legislación laboral docente, acelerando la aplicación de las decisiones centrales ya previstas en la aprista Ley de Carrera Pública Magisterial. Los maestros han tenido el impacto positivo en mejorar sus ingresos durante el presente año (2013)  y esto ha generado una pasividad en las luchas magisteriales, como lo analizaremos en otra entrega. Sin embargo –a pesar de  la anterior situación positiva- la desregulación de la fuerza de trabajo docente ha empeorado en el 2013 y tiende a desmejorar en los próximos tiempos.

En el 2013 no ha existido nombramiento de nuevos docentes. Desde el MED, se  ha previsto un Concurso de nombramiento de nuevos docentes, así como para quienes están en situación de “interinos” para el segundo semestre del 2014. Nuestra hipótesis es que –desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- o se impedirá la realización de estos concursos o se les reducirá a su mínima expresión. Partiendo de lo último, creemos que -de existir algún concurso de nombramiento- la meta no sería mayor de 5000 nuevas plazas y que solamente un 10% de los “titulados interinos” se incorporarían a la Ley de Reforma Magisterial, los demás saldrían del sistema, siendo sustituidos por docentes contratados.

Simultáneamente, el actual Régimen ha endurecido la medida de trabajar solamente hasta los 65 años de edad. Es decir, los nombrados que llegan a esa edad deben cesar. Este año, con esta causalidad, alrededor de 10,000 docentes nombrados/as han salido y sus reemplazantes son contratados/as.

Al igual que el Gobierno aprista, es probable que el actual Régimen tampoco realice alguna “evaluación de desempeños”. Formalmente esto debería realizarse para fines del 2015 ó para inicios del 2016. Pero esta acción explicitaría el carácter de “estabilidad laboral relativa” que legalmente ya está vigente. Y la posibilidad de que algunos maestros/as se queden sin trabajo reactivaría al magisterio sindicalizado, en un momento preelectoral (2016). Desde este contexto, quizás se postergue la medida y/o se busquen nuevas alternativas que cumplan con el mismo objetivo de desregulazación de la fuerza de trabajo docente, sin generar mayores tensiones sociales.

En la práctica, el actual Gobierno (asumo que desde el control del MEF) usa los dos caminos: provocar la salida de nombrados/as y al mismo tiempo minimizar el ingreso de nuevos nombrados.

Aunque en la Ley N° 29944 y su Reglamento no se diga explícitamente que hay necesidad de aprobación del MEF para llamar a concurso de nombramiento cada dos años, lo cierto es que ningún gasto adicional del Estado procede, sin la autorización de este organismo. Por ejemplo, en el presente año, se postergó la evaluación para el cargo de directores, hasta que no hubo autorización del MEF sobre los gastos que esta decisión conlleva. Al tener este candado del MEF, el núcleo neoliberal en el poder no solamente “suelta la plata” cuando quiere y a quien quiera, sino que tiene el control ideológico para activar o desactivar acciones que tengan relación con el modelo hegemónico.

Dentro de este marco, podemos leer las cifras que hemos colocado en el Cuadro N° 1. En el 2012, antes de aplicarse la Ley de Reforma Magisterial, teníamos un 15.7% de maestros/as en situación de contratados. En el presente año (2013),  el porcentaje de contratados habría subido al 23.6% y para el 2015, tendríamos un 25.6% de contratados.

Si no se cambia el modelo, si  el MEF radicaliza sus opciones y si se tiene un próximo Gobierno que continúe las mismas políticas laborales: en los próximos años, se relativizaría el crecimiento de nuevos nombramientos docentes y –más bien- se promovería la salida de los actuales nombrados. Siendo así, en unos 10 años, la Carrera Pública Magisterial (reconocida por nuestra Constitución) “de facto” ya no tendría razón de ser, pues ella supone docentes nombrados. La tendencia que hemos encontrado parece corroborar esta posibilidad, con raíces políticas e ideológicas.

miércoles, 2 de octubre de 2013

LA PRIVATIZACIÓN UNIVERSITARIA ES MÁS PROFUNDA


Desde la última semana del mes de agosto del presente año, vengo haciendo un balance de lo que está sucediendo en la educación peruana durante el Gobierno del Comandante Ollanta Humala. Hasta ahora hice cuatro entregas: (1) Educación peruana: ¿cambios con Ollanta?; (2) Balance de la educación peruana: sobre su finalidad; (3) Evaluando la educación peruana, desde un enfoque holístico; y (4) La educación peruana se está privatizando. En esta quinta entrega, presento un pequeño  agregado al último tema abordado, proporcionando algunos datos importantes sobre los avances de la privatización en la educación universitaria.

La tesis central que estoy analizando es que hay cambios significativos en las actividades del Ministerio de Educación, pero que ellos no están alterando el modelo de educación, ni mucho menos están apuntando a un nuevo modelo de sociedad. ¿Se podría hacer algo más en el marco de un Gobierno que explícitamente apuesta por la propuesta neoliberal en el campo económico?


DEMANDA POR EDUCACIÓN SUPERIOR

Constatamos que la demanda por educación superior es creciente en nuestra Patria. Dentro de la llamada “meritocracia” se promueve el tener estudios para poder postular a algún trabajo. La tradicional frase de nuestros padres a los hijos: “Los estudios son la mejor herencia que te dejo” cobra importancia como nunca. Tener una profesión es una aspiración de muchos adolescentes y jóvenes.

Sin los “cartones” ni siquiera se puede postular a un empleo y no hay ingresos, lo cual condiciona ser parte del mercado de consumo. Los adolescentes y jóvenes, así como la población en su conjunto, ven como una necesidad el tener “cartones”, pues es el requisito para ser alguien en una sociedad de consumo. Un joven me decía: “¿Qué soy, si no tengo tarjeta de crédito? Y para ello, necesito un  trabajo donde me piden papeles”.

Pero la necesidad de los estudios superiores, no solamente tiene una explicación mercantil. Una visión de desarrollo estratégico de país también conlleva la formación de profesionales y de técnicos. Y en este sentido, las aspiraciones personales se empalman con las demandas sociales por avanzar en estudios superiores.

Del 2003 al 2010, en el Perú, tuvimos 2’861,397 egresados de educación secundaria. Asumiendo esta población como referencia, el 75.9% de ella se matriculó en estudios superiores; y, específicamente, un 50.6% de ella ingresó a las universidades.

En una pequeña investigación que estoy culminando sobre los Estudiantes de los Centros de Educación Básica Alternativa, encuentro que un 53.3% de ellos están matriculados en los CEBAs porque desean culminar su educación secundaria para proseguir estudios superiores. En los diversos estratos, de la población hay una creciente demanda por proseguir estudios superiores. Y en este marco, debería explicarse el crecimiento de la matrícula de los estudiantes universitarios en general, pero también la inmediata percepción del ”negocio” por parte del sector privado.

PRIVATIZACIÓN UNIVERSITARIA EN CIFRAS

En 1985, teníamos 354,694 estudiantes en la Universidad peruana. Pasados 28 años, el número de universitarios/as se ha multiplicado por 2.5. En este año (2013), ya ascienden a los 897,577 (ver Cuadro N° 1). Sin embargo, los estudiantes de universidades públicas se han multiplicado por 1.41; mientras que los de universidades privadas se han multiplicado por 4.53, en ese período (1985 a 2013).
Cuadro N° 1
 
 
En 1985, el 64.4% de los estudiantes universitarios estaba en universidades públicas y el 35.6% en universidades privadas. Actualmente (2013), en términos absolutos y relativos, los matriculados de la universidades particulares son más. Del total de  897,577 estudiantes que hay actualmente, unos 573,486 se encuentran en universidades privadas. Porcentualmente, se han invertido los papeles: ahora (2013), solamente un 36.1% de matriculados universitarios se encuentran en el sector público y un 63.9% en el sector privado.

La privatización en la matrícula universitaria se ha acelerado en los últimos 20 años. De 1985 a 1994, el crecimiento de la matrícula universitaria fue de 1.41% al año; de 1995 al 2004, de 4.37%; y del 2005 al 2013, de 9.48% al año. Cerca de las 2/3 partes del estudiantado universitario del país se encuentra en universidades particulares. Durante el actual Gobierno, el proceso de privatización universitaria no solamente se mantuvo, sino que se ha acelerado (de 62% en el 2011, se llegaría al 66% en el 2015).

Cuando en el Congreso de la República se debate una nueva Ley Universitaria, a veces se obvia que se está legislando en este contexto de privatización.

MANDA EL NEGOCIO, NO LA SELECTIVIDAD.

Tomando los datos oficiales de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), hemos establecido un Índice de Selectividad desde el año 1985. Para ello, hemos comparado el número de postulantes con el número de ingresantes (ver Cuadro N° 2).
Cuadro N° 2

 
Analizando los datos de la ANR, podemos señalar que el Índice de Selectividad en las Universidades públicas se ha mantenido sin mayores alteraciones en los últimos 30 años: De cada 100 postulantes, ingresan unos 20 en universidades públicas, aunque hay algunas con mayor rigurosidad en la selección de sus ingresantes. Es el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde en la década pasada solamente un 8% de sus postulantes ingresaron y actualmente ese porcentaje está disminuyendo a 7% (1)

En el caso de las universidades privadas –salvo excepciones- el criterio de selectividad ha ido perdiendo valor. Lo que importa es captar clientes para el “mercado” de consumidores de los servicios universitarios. Por ello, en el año 1985, de cada 100 postulantes ingresaron 47 a la universidad privada; en el 2010, ingresaron 81; y –en este año 2013- estarían ingresando 82. ¡Negocios son negocios!

La privatización de la educación –salvo excepciones- no tiene fines de aporte social; sino que prima el interés lucrativo. Y este modelo de privatización en la educación universitaria no se ha alterado durante el actual Gobierno; por el contrario, se está profundizando.
.......……..

(1)  Ver SIGFREDO CHIROQUE CHUNGA, En torno a la educación preunivesitaria en el Perú. El caso de la UNMSM. Un estudio diagnóstico. Lima, CEPREUNMS, 2010.

Con mucho dolor, debo decir que el presente estudio que elaboré como una consultoría a la UNMSM fue –sin ningún sentido ético- publicado por el CEPRE-UNMSM colocando autorías indebidas.