Balance educación: DESREGULACIÓN DE LA FUERZA DEL TRABAJO DOCENTE

Haciendo un balance de la actual gestión educativa, debemos señalar que se está gestando un sistema que –en el mediano plazo- pondría en cuestión la vigencia de  la carrera pública magisterial, que supone docentes nombrados. Las políticas magisteriales del último decenio apuntan al crecimiento de los docentes contratados y a la disminución del magisterio nombrado. Con el Gobierno de Ollanta Humala, crece esta tendencia de desregulación de la fuerza de trabajo docente.

DOS CAMINOS

Las cifras oficiales reconocen que, para el año 2012, teníamos unos 324,461 docentes laborando en el Sector Público. En este mismo Sector, estimamos que  el número de docentes serían unos 328,930 en el presente año (2013), subiendo a los  333,133 en el 2014 y a los 337,118 en el 2015. Ver Cuadro N° 1. Este crecimiento (que en cifras relativas se desacelera) es importante para mejorar la concreción del derecho a la educación en nuestra Patria; pero hay que precisar las condiciones laborales que afrontan los maestros/as.

Uno de los rasgos importantes del modelo neoliberal es la desregulación de la fuerza de trabajo. La pérdida absoluta o relativa de la estabilidad laboral se ven como “normales” en este modelo. La supresión de algunos derechos de los  trabajadores como que se han “normalizado” y justificados con un genérico argumento de la “meritocracia”.

En abstracto -para llegar a la radical meta de ya no tener “trabajadores nombrados”- se presentan dos caminos:

·         Buscar que los nombrados  se retiren; y
·         Disminuir, desaparecer y/o relativizar los nombramientos.

 

Durante el Gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori se combinaron los dos caminos, en los Sectores Público y Privado. Para ello se usaron procedimientos como el provocar el retiro del personal nombrado dándoles incentivos o aplicando medidas coercitivas; pero también se impulsó la terciarización de los servicios y la relativización de la estabilidad laboral.

En los Gobiernos de Fujimori y García, dentro del Ministerio de Educación (MED), los procedimientos que primaron fueron: el incentivo para el retiro de los trabajadores también docentes (Gobierno de Fujimori) y la terciarización de los servicios, principalmente a nivel de Sede Central (aumentaron las consultorías durante los Gobiernos de Fujimori y García). Los nombrados en la Sede central del MED casi han desaparecido.

NUEVA LEGISLACIÓN MAGISTERIAL

En la década del 90, los maestros de base –durante el Gobierno del dictador Fujimori- en relación a políticas de Nombramiento/Contratación no sufrieron mayores cambios estructurales, más allá de los incentivos que se ofrecieron para el retiro de algunos. Ya durante la década del 2000, podemos encontrar tres momentos muy definidos, establecidos por la aplicación de una nueva legislación magisterial:

a)    2000-2007. Estaba en vigencia (única) la Ley N° 24029 del Profesorado.-  Objetivamente, en este período (Gobierno del Dr. Alejandro Toledo), el número de docentes contratados subió del 6.6% (2000) al 17.7% (2007). En términos relativos, casi se triplicaron los contratados. (Los datos específicos de este momento y de los otros dos pueden verse en el Cuadro N° 1).

b)    2008-2011. Es momento en que el Gobierno del APRA impuso la Ley N° 29062 de Carrera Pública Magisterial, en coexistencia parcial con la Ley del Profesorado. El nuevo dispositivo formalmente relativizó la estabilidad laboral de los docentes, para quienes saliesen mal por tres veces en la “evaluación de desempeños”.  

En realidad, el Gobierno Aprista no ejecutó ninguna “evaluación de desempeños”, a pesar que en enero del 2011 debería haberse realizado una para quienes estaban nombrados en la Ley del Profesorado y en junio-julio 2011 debería haberse realizado otra, al primer grupo que ingresó a la nueva LCPM (en marzo del 2008 se dio el primer examen de ingreso a esta Ley). Evidentemente, esta evaluación (“punitiva” como se le llamó por entonces) no se realizó por el contexto preelectoral del primer semestre del 2011.

El Gobierno aprista, entonces, no retiró a ningún maestro/a por la vía de la evaluación de desempeños. Por el contrario, permitió el nombramiento de unos 30,524 nuevos profesores en los años 2008-2011. Ellos venían de una situación de desocupados o de contratados. Para el Gobierno aprista, estos nombramientos se hicieron dentro del nuevo marco legal de estabilidad laboral relativa y con una clara estrategia de tener cifras “demostrando” que el magisterio aceptaba su impuesta LCPM.

El Gobierno aprista, encontró a un 8.5% de docentes contratados (2006), pero -fiel a su tradición del primer Gobierno- infló la contratación de docentes  al inicio y término de su segundo Gobierno, al 17.7% (2007) y al 18.4% (2011.).

c)    Después del 2012.  En términos de la situación de docentes nombrados/contratados -durante el actual Gobierno de Ollanta Humala- la situación tiende a ser negativa para el magisterio peruano. Explicitemos mejor lo que acabamos de decir. 

 

TENDENCIAS ACTUALES

 Al promulgar la Ley N° 29944 de Reforma Magisterial, el actual Gobierno unificó la legislación laboral docente, acelerando la aplicación de las decisiones centrales ya previstas en la aprista Ley de Carrera Pública Magisterial. Los maestros han tenido el impacto positivo en mejorar sus ingresos durante el presente año (2013)  y esto ha generado una pasividad en las luchas magisteriales, como lo analizaremos en otra entrega. Sin embargo –a pesar de  la anterior situación positiva- la desregulación de la fuerza de trabajo docente ha empeorado en el 2013 y tiende a desmejorar en los próximos tiempos.

En el 2013 no ha existido nombramiento de nuevos docentes. Desde el MED, se  ha previsto un Concurso de nombramiento de nuevos docentes, así como para quienes están en situación de “interinos” para el segundo semestre del 2014. Nuestra hipótesis es que –desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- o se impedirá la realización de estos concursos o se les reducirá a su mínima expresión. Partiendo de lo último, creemos que -de existir algún concurso de nombramiento- la meta no sería mayor de 5000 nuevas plazas y que solamente un 10% de los “titulados interinos” se incorporarían a la Ley de Reforma Magisterial, los demás saldrían del sistema, siendo sustituidos por docentes contratados.

Simultáneamente, el actual Régimen ha endurecido la medida de trabajar solamente hasta los 65 años de edad. Es decir, los nombrados que llegan a esa edad deben cesar. Este año, con esta causalidad, alrededor de 10,000 docentes nombrados/as han salido y sus reemplazantes son contratados/as.

Al igual que el Gobierno aprista, es probable que el actual Régimen tampoco realice alguna “evaluación de desempeños”. Formalmente esto debería realizarse para fines del 2015 ó para inicios del 2016. Pero esta acción explicitaría el carácter de “estabilidad laboral relativa” que legalmente ya está vigente. Y la posibilidad de que algunos maestros/as se queden sin trabajo reactivaría al magisterio sindicalizado, en un momento preelectoral (2016). Desde este contexto, quizás se postergue la medida y/o se busquen nuevas alternativas que cumplan con el mismo objetivo de desregulazación de la fuerza de trabajo docente, sin generar mayores tensiones sociales.

En la práctica, el actual Gobierno (asumo que desde el control del MEF) usa los dos caminos: provocar la salida de nombrados/as y al mismo tiempo minimizar el ingreso de nuevos nombrados.

Aunque en la Ley N° 29944 y su Reglamento no se diga explícitamente que hay necesidad de aprobación del MEF para llamar a concurso de nombramiento cada dos años, lo cierto es que ningún gasto adicional del Estado procede, sin la autorización de este organismo. Por ejemplo, en el presente año, se postergó la evaluación para el cargo de directores, hasta que no hubo autorización del MEF sobre los gastos que esta decisión conlleva. Al tener este candado del MEF, el núcleo neoliberal en el poder no solamente “suelta la plata” cuando quiere y a quien quiera, sino que tiene el control ideológico para activar o desactivar acciones que tengan relación con el modelo hegemónico.

Dentro de este marco, podemos leer las cifras que hemos colocado en el Cuadro N° 1. En el 2012, antes de aplicarse la Ley de Reforma Magisterial, teníamos un 15.7% de maestros/as en situación de contratados. En el presente año (2013),  el porcentaje de contratados habría subido al 23.6% y para el 2015, tendríamos un 25.6% de contratados.

Si no se cambia el modelo, si  el MEF radicaliza sus opciones y si se tiene un próximo Gobierno que continúe las mismas políticas laborales: en los próximos años, se relativizaría el crecimiento de nuevos nombramientos docentes y –más bien- se promovería la salida de los actuales nombrados. Siendo así, en unos 10 años, la Carrera Pública Magisterial (reconocida por nuestra Constitución) “de facto” ya no tendría razón de ser, pues ella supone docentes nombrados. La tendencia que hemos encontrado parece corroborar esta posibilidad, con raíces políticas e ideológicas.